En las últimas horas, el Ministerio de Justicia expidió el decreto 333 del 2021 por medio del cual establece que las acciones de tutela en contra del presidente de la República, Iván Duque, sean remitidas únicamente ante el Consejo del Estado.
Es decir que, esta medida liderada por el ministro de esa cartera, Wilson Ruiz Orejuela, le quitó competencia a los demás juzgados y tribunales regionales de Colombia, quienes tenían por ley dicha responsabilidad.
Sin embargo, los ciudadanos pueden seguir interponiendo este recurso judicial en contra del mandatario.
“Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado”, se lee en el documento.
De acuerdo con esta iniciativa, esta regla de igual manera se aplicará para las tutelas relacionadas con el tema de la erradicación de cultivos ilícitos y seguridad nacional
“La eliminación de cultivos de droga es un flagelo que afecta la seguridad nacional y alienta la violencia en los territorios, por tal razón, esas tutelas deben ser debatidos por una alta corte que refuerce la desconcentración de la administración de justicia”, aseguró Ruiz en medio de una entrevista concedida al diario ‘El Espectador’.
Por otro lado, en cuanto a la seguridad nacional el funcionario público afirmó que, “el presidente representa la unidad nacional y actúa como jefe de Gobierno y, por tanto, eso implica que tenga a su cargo, entre otras obligaciones, la conservación del orden público en todo el territorio nacional. Para eso resulta importante definir reglas de reparto que refuercen la desconcentración de la administración de justicia, preserven la jerarquía funcional, y garanticen la unificación jurisprudencial y el interés general”.
Cabe mencionar que, el primer mandatario le ha ido muy bien con el Consejo de Estado, ya que el fallo del 16 de octubre de 2020 favoreció a Duque, al rechazar una tutela por medio de la cual el ciudadano Juan Felipe Rodríguez pretendía que fuera imparcial en sus declaraciones.
Rodríguez en el recurso judicial alegó que sus derechos habían sido vulnerados por el jefe de Estado cuando este se pronunció ante medios de comunicación y varias plataformas de la Presidencia a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lamentando la decisión de la Corte Suprema de Justicia el 4 de agosto del 2020, la cual ordenaba detener al exsenador por el caso que adelantaba en su contra por presunto fraude procesal y manipulación de testigos.
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Por consiguiente, el civil argumentó que el presidente Duque no debería emitir juicios de valor sobre este tipo de procesos penales de quien es considerado a su juicio, como el mentor político del actual presidente, debido a que esto se puede traducir como presión a la justicia.
No obstante, el magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Martín Bermúdez, le respondió al ciudadano que “no estaba legitimado para presentar esa acción, pues no era parte del proceso penal que se adelanta contra Uribe”.
“El accionante no acreditó que fuera parte en el proceso penal ni que hubiera sido reconocido como víctima; tampoco expuso que estuviera actuando como agente oficioso de alguno de ellos”, se lee en el fallo.
Por su lado, el decreto también modificó tres artículos del Decreto 1069 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
Precisamente, uno de estos cambios consiste en que las tutelas que sean presentadas en contra del Contralor General, Procurador General, Fiscal General, el Consejo Nacional Electoral y las determinaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, “serán repartidas a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos”.
Elaborado por: Ashley Carrillo
Foto: Las2orillas
